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Año del diálogo y la reconciliación nacional
MARTES 19

de junio de 2018

Cultura de consumo responsable

4/6/2018


Para brindar mayor objetividad, recientemente el tribunal de esta entidad precisó los criterios que deberán evaluarse cuando los proveedores incumplan con el envío de 
la información.


El Estado, por intermedio del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), atiende las denuncias de los consumidores de bienes y servicios sobre supuestos incumplimientos de los proveedores. Paralelamente, promueve el uso de la conciliación como mecanismo eficaz para resolver las controversias relativas al consumo. 


Para ese objetivo, la legislación le confiere al Indecopi un conjunto de facultades destinadas a garantizar un trámite expeditivo en la defensa de los derechos de los consumidores, como iniciar investigaciones preliminares o procedimientos administrativos en caso de incumplirse la normativa de protección al consumidor.

El Indecopi, según sus competencias, podrá requerir a los proveedores y agentes del mercado información necesaria para la investigación. Puede, además, sancionar hasta con 50 UIT el incumplimiento injustificado de esas solicitudes de información realizadas por sus órganos funcionales.

Para brindar mayor objetividad, recientemente el tribunal de esta entidad precisó los criterios que deberán evaluarse cuando los proveedores incumplan con el envío de la información solicitada en una investigación preliminar a cargo de una comisión de la autoridad estatal. Fue mediante la Resolución N° 0013-2018/SDC-INDECOPI que se establece que no todo incumplimiento de envío de información al Indecopi constituirá una sanción.

De esta manera, se revisará si la comunicación dirigida al agente investigado fue emitida según las exigencias legales y debidamente notificada. Además, se verificará si la información requerida presenta alguna conexión con las funciones de investigación asignadas al órgano solicitante o con la materia discutida en el procedimiento en el que se realiza el requerimiento, evaluándose si lo pedido pudo haber sido obtenido por otros medios públicos.

También se verificará si, dentro del plazo otorgado para el envío de la información, el destinatario del requerimiento cumplió con exponer las razones que le impidieron ejecutar lo solicitado o si interpuso cuestionamientos a la razonabilidad del requerimiento. De ser así, la autoridad deberá atender las comunicaciones presentadas adoptando las medidas respectivas de acuerdo con el precedente de observancia obligatoria.

Se constatará también si, habiendo concluido el plazo otorgado, el destinatario del requerimiento incumplió de forma injustificada con lo solicitado, y si esta inobservancia entorpeció el desarrollo de las funciones del órgano solicitante.

Así, el Estado no solo fija pautas orientadoras que permitirán a los proveedores de bienes y servicios conocer los aspectos que se evaluarán para determinar si hubo o no incumplimiento injustificado en el otorgamiento de información solicitada por el Indecopi durante investigaciones preliminares o procedimientos administrativos, sino que también garantiza la transparencia en la imposición de las sanciones a los proveedores que incumplan con dar la información que les pida la autoridad competente.

Decisión que, además, contribuye a consolidar una cultura de consumo responsable, así como a propiciar la protección de aquellos en situación de vulnerabilidad en todo el país.